En tanto, la entidad emplazada solicita que se declare improcedente la demanda, aduciendo que el demandante no ha probado subordinación ni la existencia de una relación laboral; asimismo, señala que el actor se encontraba sujeto al régimen especial normado por el Decreto Legislativo Nº 1057, por lo que no pertenecía al régimen laboral de la actividad privada.

La emplazada sostiene que el contrato administrativo de servicios, y sus cláusulas adicionales han sido suscritas voluntariamente por ambas partes; sin embargo, en el cuadernillo del Tribunal obra el escrito presentado por el recurrente, en el cual afirma que han sido falsificadas las firmas que obran en los contratos administrativos de servicios, y adjunta el Dictamen Pericial de Grafotecnia Nº 1966/2009, de fecha 30 de diciembre de 2009 en el que se concluye que la firma atribuida al recurrente en el contrato administrativo de servicios de fecha 2 de julio de 2008 «no proviene del puño gráfico del titular, consecuentemente es una firma falsificada».

El Tribunal Constitucional sostiene que en autos sólo se ha acreditado que la firma que figura en el contrato administrativo de servicios de fecha 2 de julio de 2008 no corresponde al recurrente, subsistiendo controversia respecto a la falsedad o no de las firmas que obran en las cláusulas adicionales del referido contrato, por lo que la presente controversia debe dilucidarse en una vía procesal que cuenta con etapa probatoria de conformidad con el Código Procesal Constitucional y en ese sentido, declara improcedente la demanda de amparo.

Lima, 14 de marzo de 2011