Chiclayo, 27 de marzo de 2025 (Especial). – El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Gustavo Gutiérrez Ticse señaló que los derechos sociales, se han convertido en el gran tema del siglo en América Latina y frente a la inacción o las trabas burocráticas, los tribunales y cortes constitucionales, tienen como reto, contribuir con el poder político en la afirmación de las políticas públicas, ayudando a generar gobernabilidad desde su labor jurisdiccional.
Fue durante la conferencia magistral que brindó sobre “Los derechos sociales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional” ante estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres (USMP) de esta ciudad.
“El paso del tiempo va evidenciando mayores demandas y prioridades, ya casi no sentimos que la libertad, sea realmente la necesidad humana, ahora buscamos otras cosas”, precisó.
Agregó que uno de los temas más polémicos en América Latina es el tema de la exigibilidad de los derechos sociales y el papel del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional en el cumplimiento de estos derechos.
Gutiérrez Ticse dijo que, en otras sociedades más avanzadas, ya no están en el tema social, sino en temas como el colectivo, cibernético, modernidad.
“En Europa, por ejemplo, el gran problema social es el medio ambiente y las políticas públicas de medio ambiente, tan es así que la guerra con Ucrania ha frenado la sustitución de los vehículos de petróleo a electricidad como consecuencia de la contracción que ha habido en la economía”, explicó.
El magistrado recordó que es recién en el año 2003 que el TC empieza a teorizar sobre los derechos sociales, con el caso Azanca Meza García sobre el derecho a la salud, donde el Tribunal dispuso su atención facilitando retrovirales y otros fármacos para el tratamiento del Sida. Luego habló sobre el derecho a la salud mental, donde el TC consideró atender a las personas que sufren alteraciones mentales de carácter crónica con internamiento en psiquiátricos.
Igualmente, habló sobre el derecho al agua potable y a la energía eléctrica, el derecho a la pensión, sobre todo el referido a la Caja del Pescador; el derecho a la pensión de invalidez por enfermedad profesional, ligado a los casos de los trabajadores de La Oroya; el muro de la vergüenza levantado entre los distritos de La Molina y Villa María del Triunfo.
Finalmente, mencionó el caso Punchana, referido a los pobladores de los asentamientos humanos Vásquez Valera y 21 de junio en Maynas, Loreto, quienes interponen una demanda de amparo contra el Estado, para que puedan tener agua y desagüe, pero, lamentablemente, no hubo una acción pública durante 20 años.
En este caso -dijo- el TC emitió una sentencia reconociendo por primera vez, el derecho de acceso al agua potable y saneamiento básico de varios pueblos amazónicos.
Oficina de Imagen Institucional del Tribunal Constitucional