MAGISTRADO DEL TC MANUEL MONTEAGUDO FUE PANELISTA EN XXIX ENCUENTRO DE TRIBUNALES, CORTES Y SALAS CONSTITUCIONALES DE AMÉRICA LATINA

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Manuel Monteagudo Valdez fue panelista durante la segunda jornada del XXIX Encuentro de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina, que se desarrolla en Lima, y que es organizado por el TC y la Fundación Konrad Adenauer, y donde se abordó el acceso a mecanismos de reparación constitucional en materia de empresas y derechos humanos.

Durante su intervención, Monteagudo sostuvo que la Constitución económica y los derechos humanos (DD. HH.), tienen una relación intersectorial e integradora del derecho, resaltando el modelo de construcción desarrollado por la Unión Europea (UE), que propone que los equilibrios macroeconómicos se constitucionalicen, donde haya ausencia de inflación y estabilidad financiera y fiscal, acompañada con una cultura de protección de derechos humanos.

Aseveró que ello exige, desde el punto de vista internacional y constitucional, una mirada integradora, tal como lo desarrolla la UE, con el respeto a los derechos fundamentales y la construcción de un mercado común.

Destacó que esta mirada integradora se ve en el Tratado de la UE, que indica que los derechos fundamentales de la Convención Europea de los DD.HH., se interpretan de conformidad a las tradiciones culturales de los países, y que forma parte de los principios generales del derecho de la UE, como una vocación deliberada de mirar tradiciones nacionales y tratados internacionales en protección de DD.HH., y que es útil cuando se quiere integrar la obligación de las empresas transnacionales y empresas en general, de respetar, garantizar y promover los DD.HH.

El magistrado señaló que no debe sorprender una mirada constitucional económica y la necesidad de incorporar la obligación, la promoción y garantía de derechos humanos en la actividad empresarial.

Asimismo, se refirió a una sentencia unánime del TC que suspendió el cobro de peaje en el distrito de Puente Piedra, al norte de Lima, Perú, ante un habeas corpus por la afectación al libre tránsito y la inexistencia de vías alternas.

Detalló que ese peaje forma parte de una concesión otorgada a una empresa extranjera y que está sometida a un arbitraje internacional. Sin embargo, una cosa es la competencia del TC para verificar si se han producido lesiones de derechos fundamentales y hacer un esfuerzo por repararlas, y otra es la discusión sobre la validez del contrato, entre otros temas, que es competencia del arbitraje internacional vinculado al caso Odebrecht, porque la empresa inversora hereda este contrato de esa empresa que es investigada por corrupción.

Aseveró que el TC determinó que había una lesión efectiva al libre tránsito, un derecho fundamental.

Monteagudo dijo que los árbitros tienen que interpretar tratados internacionales y normas internas y no pueden ignorar la aplicación de los DDHH.

También se refirió a la consulta previa a las comunidades nativas, con respecto al otorgamiento de una concesión, y que inciden en los derechos de estas comunidades. Acotó que hay algunos países que prohíben el desarrollo de proyectos que incumplan estándares ambientales.

Por su parte, el magistrado del TC, César Ochoa Cardich, quien se desempeña como director general del Centro de Estudios Constitucionales (CEC), señaló que Perú es un país minero y la protección a la concesión minera está en el artículo 66 de la Constitución, como un derecho real público. Además, el Perú ha ratificado el Convenio 169, que genera resistencia en su aplicación, porque reconoce el derecho de consulta previa a los pueblos indígenas. Añadió que este Pleno ha sistematizado los principios de la Corte IDH que se aplican a la consulta previa y el derecho a ser indemnizado por los daños.

En tanto, el vicepresidente del TC, magistrado Helder Domínguez Haro, señaló que la conexión entre economía y derecho es irreversible, incorporándose el derecho económico tras la II Guerra Mundial.

Indicó que en el caso de los peajes comentado por el magistrado Monteagudo, se analizó el grado de responsabilidad empresarial y los derechos fundamentales en una economía social de mercado, así como el artículo 62 de la Constitución peruana que aborda el trato igualitario de la inversión extranjera.

Sin embargo, las empresas creen que los derechos a contratar son absolutos y no tienen límites, por lo que acotó que no se debe interpretar la Constitución de forma aislada, sino de forma sistemática.

En esta jornada también participaron como panelistas, la vicepresidenta de la Corte Constitucional del Ecuador, Carmen Corral Ponce; la ministra de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, Doris Morales Martínez; y la ministra del Tribunal Constitucional de Chile, Nancy Yáñez Fuenzalida. Mientras que la moderación estuvo a cargo del coordinador de Proyectos del Programa estado de derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, Miguel Barboza-López.

Lima, 26 de setiembre de 2024

Oficina de Imagen Institucional del Tribunal Constitucional