EN AUDIENCIA TC SUPERVISÓ CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL CASO DE UNA QUECHUAHABLANTE DE CARHUAZ

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) realizó su primera audiencia pública de supervisión de cumplimiento de sentencias para ver el caso de María Antonia Diaz Cáceres de Tinoco, quien presentó una demanda de amparo (Exp. N° 0889-2017-PA/TC) en contra de la Municipalidad Provincial de Carhuaz.

Se trata de una quechuahablante y analfabeta, que se desempeñaba como comerciante ambulante de helados en la vía pública en la ciudad de Carhuaz y recibió una comunicación en castellano en abril de 2014, restringiéndole las horas para la venta de sus productos, sin considerar ni respetar su idioma natural: el quechua.

Durante la audiencia que se inició a las 10 de la mañana, la presidenta del TC, Marianella Ledesma Narváez señaló que la experiencia ha permitido apreciar que existen determinadas sentencias que en razón de su singular importancia material y de la trascendencia de sus puntos resolutivos, requieren de una especial supervisión para su debido cumplimiento.

Es por ello que se ha creado el “Sistema de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias del Tribunal Constitucional”, conformado por su Pleno, un magistrado coordinador y una comisión de asesores, al cual se le ha dotado de un reglamento para su adecuada organización y funcionamiento. En ese sentido, destacó que este proceso de supervisión se haya iniciado en la gestión del magistrado Ernesto Blume.

La titular del TC explicó que el objetivo de la audiencia es verificar que todas las entidades públicas y privadas que prestan servicios públicos en el ámbito de la provincia de Carhuaz del departamento de Ancash, hayan oficializado el uso de la lengua quechua y para ello se dio un plazo para ejecutar lo dispuesto.

Participaron también en la audiencia los magistrados Augusto Ferrero Costa, quien es el ponente del caso, Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez y José Luis Sardón de Taboada. El magistrado Eloy Espinosa-Saldaña Barrera no participó por encontrarse con descanso médico.

Los magistrados coincidieron en señalar que las autoridades deben promover y preservar el uso de la lengua quechua, más aún si se tiene conocimiento que el 80% de la población carhuacina habla el quechua. Además, exhortaron al alcalde provincial para que pueda implementar desde su municipio la comunicación y señalética que se adecúe al idioma natural de la población.

Asimismo, intervinieron el alcalde de la Municipalidad Provincial de Carhuaz, Pablo Julca Chávez; el gerente municipal, Dante Chávez Ramírez; el procurador público del Ministerio de Cultura, Henmer Alva Neyra; el director de lenguas indígenas, Gerardo García Chinchay; el director de derechos de pueblos indígenas, Paul Chata Bejar; el abogado de la señora María Antonia Diaz Cáceres, Yehudi Collas Berru.

Lima, 15 de julio de 2020