EXP. N.° 02557-2010-PC/TC

ICA

LUIS CÁRDENAS YATACO

 

 

 

RAZÓN DE RELATORÍA

 

Vista la Causa 02557-2010-PC/TC por la Sala Primera del Tribunal Constitucional y habiéndose producido discordia entre los magistrados que la integran, Beaumont Callirgos, Calle Hayen y Eto Cruz, se ha llamado para dirimirla al magistrado Urviola Hani, quien se ha adherido al voto de los magistrados Calle Hayen y Eto Cruz, con lo cual se ha alcanzado mayoría.

 

 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

            En Lima, a los 28 días del mes de noviembre de 2010, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Calle Hayen, Eto Cruz y Urviola Hani pronuncia la siguiente sentencia

 

ASUNTO

 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Cárdenas Yataco contra la sentencia expedida por la Sala Mixta de Chincha de la Corte Superior de Justicia de Ica, de fojas 50, su fecha 10 de junio de 2010, que declaró improcedente la demanda de cumplimiento de autos.

 

ANTECEDENTES

 

Con fecha 2 de octubre de 2009, el recurrente interpone demanda de cumplimiento contra la titular de la Dirección Ejecutiva del Hospital San José de Chincha, solicitando el cumplimiento de la Resolución Directoral Nº 297-2006-HSJCH, del 18 de julio de 2006, que le reconoce el pago de devengados de la diferencia existente entre la bonificación que otorga el Decreto de Urgencia N.º 037-94 y la prevista en el Decreto Supremo N,º 019-94-PCM, ascendente a S/.18,847.03. Manifiesta que la emplazada, pese al tiempo transcurrido, no ha dado cumplimiento a la obligación pendiente de pago a su favor.

 

La demandada ha señalado que no es renuente a cumplir con el mandato establecido en la resolución administrativa, sino que por razones presupuestarias no le es posible cumplir con dicha obligación.

 

El Procurador Publico Regional competente contesta la demanda señalando que al demandante no le corresponde la bonificación otorgada por el D.U. 037-94, puesto que está percibiendo desde hace años la bonificación que establece el D.S.019-94.

 

El Juzgado Especializado en lo Civil de Chincha, con fecha 22 de abril de 2010, declara infundada la demanda señalando que a un servidor asistencial del sector Salud no le corresponde la bonificación del Decreto de Urgencia N.º 037-94, porque la Resolución administrativa ha sido dictada con posterioridad al precedente vinculante STC 2616/2004-AC/TC, del 12 de septiembre de 2,005.

 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda de cumplimiento contra la Directora del hospital San José de Chincha; y, reformándola, declara improcedente la demanda por estimar que en la Resolución Directoral N.º 297-2006-HSJCH/P se consigna que el actor tendría el cargo de Técnico en Enfermería II, mientras que en su boleta de pago el de enfermero, lo que no permite individualizar al beneficiario, deficiencias que deben ser solucionadas en la vía administrativa por carecer de los requisitos de procedibilidad.

 

FUNDAMENTOS

 

1.        El demandante pretende que la Directora del Hospital San José de Chincha cumpla con lo dispuesto en la Resolución Directoral N.º 297-2006-HSJCH/P, de fecha 18 de julio de 2006, que establece a su favor un adeudo de S/. 15,424.13, resultante del reconocimiento de su derecho a la bonificación del Decreto de Urgencia N.º 037-94, en sustitución de la establecida en el Decreto Supremo N.º 019-94PCM, más la suma de S/. 1,696.23, por concepto de cuota patronal.

 

2.        Respecto al criterio jurisprudencial sentado mediante la STC N.º 2616-2004-AC/TC, que indica que al personal administrativo del Sector Salud, comprendido en la Escala 10: Escalafonados, administrativos del Sector Salud no le corresponde la bonificación  especial  del  Decreto  de  Urgencia  O37-94 y que resulta inexigible el  cumplimiento  de un derecho que ha sido reconocido en contravención del  marco  legal:  en  la  STC  2288-2007-PC/TC   publicada  el   6   de  agosto  de  2008 (http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/02288-2007-AC.pdf), el Tribunal Constitucional ha señalado que dicho criterio jurisprudencial se aplica siempre y cuando se encuentren en la Escala N.º 10., pues los servidores administrativos del Sector Salud, ubicados en los grupos ocupacionales de los técnicos y auxiliares, no pertenecen a la Escala N.º 10, por lo que les corresponde percibir la bonificación especial otorgada por el Decreto de Urgencia N.º 037-94.

 

3.        En el presente caso, consta de la Resolución Directoral 297-2006-HSJCH/P  que el demandante se encuentra comprendido en el grupo ocupacional  Técnico con la Categoría Remunerativa de STA; es decir, que está ubicado en la Escala 8: Técnicos, y que se ha reconocido a su favor la bonificación establecida en el Decreto de Urgencia 037-94, que le corresponde.

 

4.        En cuanto al monto adeudado, en los artículos tercero y cuarto de la resolución cuyo cumplimiento se demanda, se reconoce a favor del demandante un adeudo de S/. 15,424.13, por concepto de sustitución de la bonificación del Decreto Supremo 019-94-PCM por la del Decreto de Urgencia 047-94, y otro de S/. 1,388.17 por concepto de cuota patronal, respectivamente.

 

5.        Adicionalmente se advierte del artículo quinto de la referida resolución que se ha condicionado el pago de los saldos pendientes a la aprobación y la autorización de la partida presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo con los dispositivos legales vigentes.

 

6.        Al respecto, el Tribunal Constitucional ha considerado en la STC 3149-2004-PC/TC y en la STC 0350-2005-PC/TC que dicho condicionamiento no exime de la responsabilidad y el cumplimiento de las autoridades, ya que “(…) esta actitud de resistencia a acatar las disposiciones legales,  que, a la larga, genera desesperanza en los justiciables respecto de las soluciones que ofrece el Derecho, deslegitima el Estado Democrático ante los ciudadanos (…)”.

 

7.        En el caso de autos, el recurrente se ha visto obligado a interponer una demanda que le ha ocasionado gastos innecesarios, incrementándose su inicial afectación. En consecuencia, y sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar, debe ordenarse el pago de costos conforme al artículo 56.º del Código Procesal Constitucional, el cual deberá hacerse efectivo en la etapa de ejecución de sentencia.

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

 

 

HA RESUELTO

 

1.    Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho a la eficacia de los actos administrativos.

 

2.    Ordenar a la Dirección Ejecutiva del Hospital San José de Chincha que cumpla con la mayor brevedad lo establecido en la Resolución Directoral N.º 297-2006-HSJCH/P, con el abono de los costos.

 

Publíquese y notifíquese.

 

SS.

 

CALLE HAYEN

ETO CRUZ

URVIOLA HANI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP. N.° 02557-2010-PC/TC

ICA

LUIS CÁRDENAS YATACO

 

 

 


VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO

BEAUMONT CALLIRGOS

 

Con el debido respeto por la opinión vertida por mis colegas magistrados, emito el siguiente voto singular, por cuanto no concuerdo con los argumentos ni con el fallo del pronunciamiento de la mayoría, por los siguientes fundamentos que expongo seguidamente. 

 

1.                  La pretensión tiene por objeto que se cumpla con la Resolución N.º 297-2006-HSJCH/P, del 18 de julio de 2006, en la cual se resuelve reconocer el crédito por devengados por la suma de S/. 18,847.03, correspondiente a la sustitución del pago de la bonificación especial del Decreto Supremo N.º 019-94-PCM por la otorgada mediante el Decreto de Urgencia N.º 037-94, con inclusión de incrementos derivados de otros decretos de urgencia, determinando como monto a pagar la suma S/. 15,424.13.

 

2.                  Debe tenerse presente que este Colegiado, respecto al ámbito de aplicación del mencionado decreto de urgencia ha establecido los criterios jurisprudenciales expuestos en la STC 02616-2004-AC/TC, sentencia que constituye precedente vinculante, conforme a lo establecido en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.

 

3.                  Al respecto, y con relación al caso concreto, en dicho precedente se señala: “11. No se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación del Decreto de Urgencia N.º 037-94, los servidores públicos que regulan su relación laboral por sus respectivas leyes de carrera y tienen sus propias escalas remunerativas, que son los ubicados en: (…) f) La Escala N.º 10, Escalafonados, administrativos del Sector Salud” (subrayado nuestro), Entonces, al personal administrativo del Sector Salud no le corresponde que se le otorgue la bonificación especial prevista en el Decreto de Urgencia N.º 037-94.

 

4.                  Asimismo, el fundamento 12 de la mencionada sentencia precisa que: “(…) la bonificación del Decreto de Urgencia N.º 037-94 corresponde que se otorgue a los servidores públicos ubicados en los grupos ocupacionales de los técnicos y auxiliares, distintos del Sector Salud, en razón de que los servidores administrativos de dicho sector se encuentran escalafonados y pertenecen a una escala distinta, como es la Escala N.º 10”. Es decir, los Técnicos y Auxiliares del Sector Salud no se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación del Decreto de Urgencia N.º 037-94.

 

 

5.                  El acto administrativo cuyo cumplimiento se solicita se fundamenta en la Resolución N 297-2006-HSJCH/P que dispone el otorgamiento de la bonificación especial prevista en el Decreto de Urgencia N.º 037-94. Sobre el particular, debe concluirse que el actor no se encuentra comprendido dentro de los alcances del Decreto de Urgencia N.º 037-94, por ser un servidor administrativo del Sector Salud, perteneciente a la Dirección Regional de Salud – Ica, U.E. Salud Chicha, Hospital San José, con el cargo de enfermero en el nivel 10, como se consigna en la boleta de pago (f. 4).

 

6.                  Por consiguiente, el acto administrativo cuyo cumplimiento se exige carece de la virtualidad suficiente para constituirse en mandamus, por ser contrario al precedente emitido por el Tribunal Constitucional, por lo que no puede ser exigido a través del proceso de cumplimiento. En ese sentido, mi voto es porque se declare INFUNDADA la demanda de autos.

 

S.

 

BEAUMONT CALLIRGOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP. N.° 02557-2010-PC/TC

ICA

LUIS CÁRDENAS YATACO

 

 

 

VOTO DEL MAGISTRADO URVIOLA HANI

 

 

De acuerdo con la Resolución de 11 de octubre de 2010 y de conformidad con el artículo 5º de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y del artículo 11º-A de su Reglamento Normativo emito el presente voto, asumiendo, el suscrito, los fundamentos y la conclusión de los magistrados Calle Hayen y Eto Cruz.

 

Sr.

 

URVIOLA HANI