EXP. N.° 02497-2009-PHC/TC

LAMBAYEQUE

LUIS FEDERICO SÁNCHEZ

CABREJOS A FAVOR DE

CARLOS ENRIQUE

SÁNCHEZ ARAUJO

 

           

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los 18 días del mes de agosto de 2009, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia

 

ASUNTO

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Federico Sánchez Cabrejos contra la sentencia de la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 122, su fecha 2 de marzo de 2009, que declara improcedente la demanda de hábeas corpus de autos.

 

ANTECEDENTES

 

Con fecha 6 de febrero de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus a favor de Carlos Enrique Sánchez Araujo y la dirige contra los señores Juan Guillermo Piscoya, Juez del Sexto Juzgado Especializado en lo Penal de Chiclayo y Aura Violeta Carrasco Caponan, Fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo; y contra los vocales integrantes de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, señores Óscar Manuel Burga Zamora, Fernando Emiliano Collazos Salazar y Artemio Daniel Meza Hurtado, por vulnerar sus derechos constitucionales a la tutela procesal efectiva y al debido proceso, en conexidad con la libertad individual.

 

Refiere que mediante Resolución de fecha 26 de agosto de 2008, la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque declaró nula la sentencia de fecha 14 de abril del 2008, Resolución N.º 185, que absuelve al beneficiado como autor del delito de estafa y declara prescrita la acción respecto al delito de lesiones culposas graves seguidas de muerte (Expediente N.º 174-2007) y dispuso que se devuelva la causa al Ministerio Público para que se emita nuevo pronunciamiento por el delito que fue materia de investigación, conforme al auto de apertura de investigación. Al respecto, alega que la citada resolución agrava la situación procesal del favorecido pese a que el representante del Ministerio Público no había impugnado la sentencia de fecha 14 de abril del 2008. Asimismo, sostiene que los delitos ya habían sido objeto de una recalificación y que no se concedió plazo excepcional para que la defensa pueda incorporar nuevos medios de pruebas para defenderse de la nueva calificación.

 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Penal de Chiclayo, con fecha 6 de febrero de 2009, declaró improcedente la demanda, por considerar que el órgano jurisdiccional emplazado habría actuado dentro de sus funciones y que, en todo caso, los cuestionamientos realizados por el recurrente eran de orden penal y debían ser resueltos en el mismo proceso.

 

La Sala revisora confirma la apelada por los mismos fundamentos.

 

FUNDAMENTOS

 

1.      El objeto de la presente demanda de hábeas corpus es que se deje sin efecto la sentencia de fecha 26 de agosto de 2008, expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y todos los actos procesales que con posterioridad a la citada resolución se hayan realizado, y que se ordene que se emita nueva resolución conforme a ley. El recurrente aduce que se ha vulnerado los derechos del beneficiario al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, a la motivación de resoluciones judiciales, a la defensa, así como los principios de legalidad penal, de congruencia y non reformatio in peius.

 

2.      El Tercer Juzgado, Especializado en lo Penal de Chiclayo declaró improcedente in limine la demanda, pronunciamiento que fue confirmado por la recurrida. Sin embargo, en atención a los principios de celeridad y economía procesal, este Tribunal considera pertinente emitir un pronunciamiento de  fondo, toda vez que en autos aparecen los elementos necesarios para ello.

3.      La Constitución en el artículo 200,º inciso 1), acogiendo una concepción amplia del proceso de hábeas corpus, ha previsto que este proceso constitucional de la libertad procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos a ella. A su vez el Código Procesal Constitucional en el artículo 25º, in fine, establece que el hábeas corpus también procede en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio.

 

4.      Este Tribunal, en el Expediente N.° 1553-2003-HC/TC, ha señalado que la interdicción de la reformatio in peius es una garantía del debido proceso implícita en nuestro texto constitucional, la cual se relaciona con los derechos de defensa y de interponer recursos impugnatorios. De acuerdo con dicha garantía, el órgano jurisdiccional que conoce de un proceso en segunda instancia no puede empeorar la situación del recurrente en caso de que sólo este hubiese recurrido la resolución emitida en primera instancia.

 

5.      En atención al principio reformatio in peius y a lo dispuesto en el artículo 300º del Código de Procedimientos Penales, modificado por Ley N.° 27454, si solo el sentenciado solicita la nulidad de la sentencia condenatoria, entonces el ius puniendi del Estado, cuyo poder se expresa en la actuación de la instancia decisoria, no podrá modificar la condena sancionando por un delito que conlleve una pena más grave que la impuesta en anterior instancia. Distinto, como es lógico, es el caso en que el propio Estado, a través del Ministerio Público, haya mostrado su disconformidad con la pena impuesta, a través de la interposición del recurso impugnatorio, pues en tal circunstancia, el juez de segunda instancia queda investido de la facultad de aumentar la pena, siempre que ello no importe una afectación del derecho a la defensa, esto es, siempre que no se sentencie sobre la base de un supuesto que no haya sido materia de acusación.

 

6.      La exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en los términos del artículo 139º, inciso 5) de la Constitución Política del Perú, garantiza que los jueces, cualquiera que sea la instancia en la que se desenvuelvan, puedan expresar claramente los argumentos que los han llevado a la solución de la controversia o incertidumbre jurídica, asegurando que el ejercicio de la función jurisdiccional se realice con sujeción a la Constitución  y a la ley expedida conforme a ésta.

 

7.      Este Tribunal considera que la sentencia de fecha 26 de agosto del 2008, a fojas 56 de autos, corrige la irregularidad incurrida en el proceso penal, según se refiere en el considerando tercero, al señalar que “(…) Ante la calificación jurídica efectuada por el órgano jurisdiccional, la fiscal provincial no efectúa ninguna objeción como tampoco lo hacen los procesados, por lo que la investigación se realiza por lesiones dolosas y no culposas; sin embargo, al formular acusación la representante del Ministerio Público lo hace por el delito de lesiones culposas (…)”. Esta irregularidad es tratada con mayor detalle según consta en los considerandos cuarto, quinto y sexto de la citada sentencia, y se concluye disponiéndose la nulidad de lo actuado hasta el momento en el que se deba dictar el dictamen fiscal sobre la instrucción.

 

8.      Asimismo, de los considerandos mencionados en el fundamento anterior se  aprecia que la sentencia cuestionada en autos se encuentra debidamente fundamentada y es razonada, toda vez que determina expresamente las irregularidades cometidas en el proceso penal, específicamente la recalificación efectuada por el Segundo Juzgado Especializado en lo Penal de Chiclayo [inadecuada calificación de los hechos, carencia de motivación técnica-jurídica, afectación al principio de legalidad, inviabilidad de la recalificación no habiéndose efectuado objeción alguna por la Fiscalía, pedido de recalificación no sustentado en nuevos hechos]. En ese sentido, no se ha acreditado la vulneración al principio de la non reformatio in peius, ni del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

 

9.      Sin perjuicio de ello, el artículo 290º del Código de Procedimientos Penales establece que la parte civil puede interponer recurso de nulidad, sólo por escrito, (…), y únicamente en cuanto al monto de la reparación civil salvo el caso de sentencia absolutoria; en ese sentido, la parte civil se encontraba habilitada legalmente para interponer el recurso impugnatorio de nulidad; por tanto, la alegada falta de legitimidad carece de sustento normativo.

 

10.  Finalmente, este Tribunal considera que la denunciada falta de concesión de un plazo excepcional para que la defensa pueda incorporar nuevos medios de pruebas para defenderse de la nueva calificación no es tal, porque las investigaciones realizadas en la etapa de instrucción se orientaron a buscar medios de prueba que determinen algún tipo de participación del beneficiario en los hechos delictivos por los cuales se le abrió instrucción, esto es, por el delito de lesiones graves dolosas seguidas de muerte, de lo cual se colige que no se ha vulnerado su derecho de defensa.

 

11.  En consecuencia, al no haberse acreditado la vulneración de los derechos alegados por el recurrente, la demanda debe ser desestimada en aplicación del artículo 2º, a contrario sensu, del Código Procesal Constitucional.

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

HA RESUELTO

 

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración del derecho al debido  proceso.

 

Publíquese y notifíquese.

 

 

SS.

 

MESÍA RAMÍREZ

BEAUMONT CALLIRGOS

ETO CRUZ