EXP. N.° 1391-2007-PA/TC

LIMA

J.L.LR.V.

 

  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los 13 días de noviembre de 2007, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia

 

ASUNTO

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Olga Rosa Adela Vanini Colán contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 199, su fecha 23 de octubre de 2006, que declaró infundada la demanda de amparo de autos

 

ANTECEDENTES

 

          Con fecha 23 de enero del 2006, la recurrente interpone demanda de amparo contra el Centro Educativo Particular Santísimo Nombre de Jesús, a fin de que se admita la matrícula correspondiente al año lectivo 2006 de su menor hijo J.L.LR.V., como alumno del quinto año de educación secundaria. Invoca la vulneración del derecho a la educación de su menor hijo y de su derecho a escoger el centro de educación. Manifiesta que el Colegio emplazado, sin justificación válida o legal alguna y sin motivo o razón conocida, no permite la matrícula de su menor hijo para el período escolar 2006, en el que debe cursar el quinto año de educación secundaria, afectando de esta manera su derecho a la educación.

 

          El emplazado, debidamente representado por la Directora, Reverenda Madre María Jesús Subauste Maguiña, contesta la demanda contradiciéndola en todos sus extremos y solicitando que sea declarada infundada. Expresa que la separación y no ratificación de la matrícula del menor se debe a su reiterada inobservancia del literal b) del artículo 92°, y de los artículos 95° y 97° del Reglamento Interno del Colegio, precisados en el Compromiso de Matrícula de fecha 10 de junio de 2005 suscrito por la recurrente, que disponen que procederá la separación definitiva del Colegio si al finalizar el segundo bimestre el alumno no logra el nivel de rendimiento académico adecuado, lo cual no ocurrió; que sin embargo, debido al ruego de la recurrente, se permitió que su menor hijo culminara el año lectivo 2005. Asimismo, refiere que la demandante no agotó la vía previa correspondiente, pues debió acudir previamente a la UGEL N.° 7, por ser la instancia competente para supervisar las actividades de las Instituciones Educativas.

 

          El Juzgado Mixto de la Molina y Cieneguilla, con fecha 15 de mayo de 2006, declara fundada la demanda, por considerar que el menor fue separado de manera unilateral del Centro Educativo, ya que no ha quedado demostrado en autos un procedimiento legal de separación definitiva. En consecuencia, ordena que el Colegio cumpla con admitir la matrícula del menor como alumno del quinto año de secundaria.

 

          La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, por considerar que ha quedado acreditado en autos que el impedimento de matrícula del menor fue el resultado de su conducta y bajo rendimiento académico, del cual tenía pleno conocimiento la recurrente, causales que se encuentran contempladas en el artículo 95° del Reglamento Interno del Colegio.

 

FUNDAMENTOS

 

Delimitación del petitorio

 

1.      Conforme consta a fojas 12 de autos, mediante la demanda de amparo de autos la recurrente pretende que se ordene al emplazado admita la matrícula durante el año lectivo 2006 del menor J.L.LR.V. como alumno del quinto año de educación secundaria en el Centro Educativo Particular Santísimo Nombre de Jesús.

 

Consideraciones previas

 

2.      De manera preliminar a la dilucidación de la controversia de autos, este Tribunal considera pertinente referirse a determinadas cuestiones previas que obran en el expediente, que guardan directa relación con la pretensión de la recurrente, y que permitirán determinar si la separación del menor del centro educativo y, por ende, la negativa a aceptar su matrícula, resultan vulneratorias de su derecho a la educación.

 

3.      En el año escolar 2002 el menor J.L.LR.V., que cursaba el primer año de educación secundaria en el Colegio emplazado, presenta problemas relacionados con su bajo rendimiento académico (conforme consta en el documento de fojas 1), así como de conducta e indisciplina, según se aprecia de los Informes de Conducta que corren a fojas 32, 34, 35, 36 y 38, de los que fluye que fomentaba actos de indisciplina y no respetaba las normas del Colegio. Debido a ello, el menor firma dos Cartas de Compromiso (fojas 30 y 33) mediante las cuales se obliga a mejorar su comportamiento y respetar el Reglamento Interno del Colegio.

 

4.      Debido a los problemas de rendimiento académico y de conducta del menor, la recurrente acepta y suscribe –el 19 de diciembre de 2002– una primera matrícula condicional para el año escolar 2003, en la que se compromete a asistir permanentemente al Colegio para informarse sobre la conducta de su menor hijo y trabajar coordinadamente con el centro educativo para conocer los avances del mismo; asimismo, se compromete a retirar de manera inmediata a su hijo si en el transcurso del año obtiene nota desaprobatoria de conducta en cualquier bimestre, y/o fuese sancionado por alguna falta grave, como es de verse a fojas 37.

 

5.      Durante el año escolar 2003 (segundo año de educación secundaria), el menor siguió cometiendo actos de indisciplina en el referido Colegio, como es de verse de los Informes de Conducta que corren a fojas 41, 42 y 44, haciendo referencia este último a que no se le aplicó la matrícula condicional a fin de apoyarlo y ayudarlo en el desarrollo de sus habilidades.

 

6.      No obstante ello, en el período escolar 2004 (tercer año de educación secundaria), el menor continúa con los problemas derivados de su conducta, como es de verse de los Informes de Conducta realizados por sus maestros que corren a fojas 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 54, así como del Informe de Suspensión Temporal por dos días de que fue objeto y que corre a fojas 45.

 

7.      Por tales razones, la recurrente acepta y suscribe –el 14 de diciembre de 2004– una segunda matricula condicional para el período escolar 2005, comprometiéndose, entre otras cosas, a retirar del Colegio a su menor hijo si en el transcurso del año obtuviese una nota desaprobatoria de conducta en cualquier período y/o fuese sancionado por cometer alguna falta grave, según se aprecia del documento de fojas 53.

 

8.      En el período escolar 2005 (cuarto año de educación secundaria), el menor obtiene no una, sino dos notas desaprobatorias en conducta, durante el primer y segundo bimestre, como es de verse de la Libreta de Notas que corre a fojas 4, así como de los Informes de Conducta de fojas 23, 24, 25, 26 y 28, en los que se indica que el alumno ha incurrido en diversas faltas. En ese sentido, y de acuerdo a los términos de la matrícula condicional, la recurrente debía retirar del Colegio a su menor hijo.

 

9.      Asimismo, al finalizar el año escolar 2005 (cuarto año de educación secundaria) el menor obtiene nota desaprobatoria de promedio final en los cursos de Matemática y Educación Religiosa –según consta en la Libreta de Notas de fojas 4–, debiendo presentarse al programa de recuperación pedagógica o al examen de subsanación.

 

10.  Sin embargo, con fecha 22 de febrero de 2006 el Director del Colegio Nacional de Mujeres La Divina Providencia presenta al Colegio demandado el Acta de Evaluación de Aplazados, en la que se suscribe que el menor aprobó las evaluaciones correspondientes a los cursos de Matemática y Educación Religiosa, según fluye del documento que corre a fojas 123 de autos. Ante ello, el Colegio Santísimo Nombre de Jesús devolvió dicha Acta  señalando que carecía de validez y legitimidad por cuanto el menor se encontraba obligado a presentar las evaluaciones de recuperación en el mismo plantel donde estudió el cuarto año de secundaria. Finalmente, y de acuerdo a lo expresado por la recurrente –según consta en los escritos presentados ante este Tribunal y que obran en el cuadernillo correspondiente–, mediante medida cautelar se ordenó la matrícula del menor en el quinto grado de educación secundaria (año lectivo 2006). Empero, al haberse revocado la sentencia de primera instancia, para el emplazado no tienen validez los cursos subsanados correspondientes al período escolar 2005 (4º de secundaria) ni los cursados durante el período 2006 (5º de secundaria), por lo que en ese sentido, la actora pretende que se reconozca su validez.

 

Análisis de la controversia

 

11.  Conforme ya ha sido reconocido por este Tribunal, se considera constitucionalmente protegido el derecho fundamental a la educación tanto en la dimensión de libertad como en la dimensión prestacional, en la que encontramos el derecho a la educación en sentido estricto, dirigido a asegurar que nadie se vea impedido de recibir la educación adecuada; asimismo, se protege el derecho de los padres de escoger el centro educativo y participar en el proceso de educación de sus menores hijos.

 

12.  En lo que respecta a los Centros Educativos Particulares, el artículo 3° de la Ley N.º 26549, de Centros Educativos Privados, establece que “Corresponde a la persona natural o jurídica, propietaria de un centro educativo, establecer la línea axiológica que regirá su centro, dentro del respeto a los principios y valores establecidos en la Constitución; la duración, contenido, metodología y sistema pedagógico del plan curricular de cada año o período de estudios; los sistemas de evaluación y control de los estudiantes; la dirección, organización, administración y funciones del centro; los regímenes económico, disciplinario, de pensiones y de becas; las relaciones con los padres de familia; sin más limitaciones que las que pudieran establecer las leyes, todo lo cual constará en el Reglamento Interno del centro educativo”.

 

13.  De dicha norma se infiere que los Centros Educativos Privados tienen la potestad de establecer los mecanismos de evaluación, control y disciplinario que consideren pertinentes para garantizar un adecuado sistema educativo que permita lograr el desarrollo integral de los educandos, brindando una formación intelectual, moral, física y psicológica siempre que no contravengan a lo establecido en la Constitución.

 

14.  En este orden de ideas, el Reglamento Interno del Colegio Santísimo Nombre de Jesús establece en su artículo 92° las sanciones que se aplican a los alumnos que infringen las normas establecidas en el mencionado reglamento, entre las que se encuentra la separación definitiva del centro educativo, que resulta aplicable en los casos previstos en el artículo 95° del mismo cuerpo normativo, cuyo inciso b) dispone que “Se procede a la separación definitiva del Centro Educativo y cancelación de la matrícula en los siguientes casos: b) Incumplimiento de lo establecido en la matrícula condicionada”.

 

15.  En el presente caso, el menor se encontraba con una segunda matrícula condicional para el año lectivo 2005, conforme ha quedado expuesto en los Fundamentos N.os 4 y 5, supra, comprometiéndose su madre a que no obtenga nota desaprobatoria en conducta en ninguno de los cuatro bimestres bajo sanción de retirarlo inmediatamente del centro educativo. Sin embargo, en dicho año lectivo el menor obtuvo dos promedios desaprobatorios de 08 y 10 en conducta, en el primer y segundo bimestre, por lo que en aplicación del artículo glosado en el considerando anterior, la no ratificación de su matrícula para el año lectivo 2006 resultó legítima en concordancia con los parámetros establecidos en el Reglamento Interno del Centro Educativo, por lo que este Tribunal estima, de cara a las consideraciones y antecedentes indicados, que no se vulneró el derecho a la educación del menor.

 

16.  En efecto, como ha quedado expuesto en las Consideraciones Previas de la presente sentencia, de los medios probatorios presentados en el proceso de autos se aprecia la reincidencia del menor en la comisión de actos de indisciplina y mala conducta en el Centro Educativo emplazado, además de los aspectos relacionados con su rendimiento académico, siendo que la recurrente, como madre del menor, tenía pleno conocimiento de dichos actos, no pudiendo alegar –como lo hizo al plantear la demanda a fojas 13– que “(…) sin justificación válida o legal alguna y sin motivo o razón conocido (…)” no se permitió la matrícula, pues se comprometió en más de una oportunidad a cooperar permanentemente en el desarrollo académico y conductual del menor, lo cual no se evidencia de los actuados que haya ocurrido; por el contrario, es precisamente su insistencia en mantenerlo en el centro educativo emplazado lo que a la larga le ha ocasionado serios perjuicios, fuera de lo que para él ha supuesto que se traslade toda esta problemática a un proceso judicial.

 

17.  Sumado a ello y visto que la recurrente ha hecho alusión a diversa jurisprudencia que sobre el derecho a la educación ha expedido este Colegiado, es oportuno precisar que ésta no puede ser aplicada sin más y por igual a todos los casos, pues hacerlo supondría creer que todas las causas son iguales, lo cual no solo no es cierto, sino que además debe tenerse presente que cuando se someten a la Justicia cuestiones como las que aquí se han planteado, en las que se encuentra comprometido un derecho fundamental de tanta trascendencia como el derecho a la educación de un menor, el análisis debe hacerse de acuerdo al caso concreto y ponderando objetivamente las circunstancias que rodean al mismo.

 

18.  De otro lado, también resulta pertinente pronunciarse respecto de la medida cautelar que permitió al menor matricularse en el quinto año de secundaria durante el año lectivo 2006. Sobre el particular, cabe recordar (Cfr. Fundamentos N.os 9 y 10, supra) que durante el período del año lectivo 2005 (cuarto año de educación secundaria), el menor obtuvo promedio final desaprobatorio en los cursos de Matemática y Educación Religiosa, por lo que se encontraba obligado a presentarse al programa de recuperación pedagógica en el mismo centro educativo donde realizó sus estudios en el período lectivo 2005, de conformidad con lo establecido en el artículo 76º del Reglamento Interno del Centro Educativo, que dispone que es obligación de los alumnos aceptar responsablemente el régimen educativo del Colegio, comprometiéndose a cumplir sus normas, y cuyo inciso g) prescribe que “(…) es obligatorio, salvo casos muy excepcionales y previa autorización de la Dirección General del Colegio, rendir las pruebas de recuperación en el mismo Plantel”.

 

19.  Dicha disposición de carácter interno concuerda, además, con el documento denominado Orientaciones para Finalización del Año Escolar - Secundaria Menores 2005, expedido por la Unidad de Gestión Educativa Local N.º 07 (UGEL 07) del Ministerio de Educación –fojas 123 y siguientes– cuyo acápite 5.5.4 dispone que “Los estudiantes que, por razones de viaje u otros motivos excepcionales, no puedan rendir la evaluación de recuperación en su Institución Educativa de origen, podrán realizarla en otra Institución Educativa. Para este efecto, se deberá contar obligatoriamente, con la autorización expedida por el Director de la Institución Educativa de origen”.

 

20.  En ese sentido, el menor se encontraba obligado a presentarse al programa de recuperación pedagógica a efectos de rendir las evaluaciones de subsanación en el mismo Colegio donde cursó el cuarto año de secundaria; o en su defecto, solicitar autorización previa al Director de su Colegio de origen para rendir las evaluaciones de recuperación en otro centro educativo, lo cual no consta en autos que haya ocurrido. Por tanto, no puede pretender la actora que este Tribunal reconozca la validez del Acta de Evaluación de Aplazados del Colegio Nacional de Mujeres La Divina Providencia.

 

21.  Por lo demás, tampoco podría haberse invocado una amenaza de violación cierta y de inminente realización, por cuanto la recurrente, en su condición de madre de su menor hijo, se encontraba perfectamente legitimada para matricularlo en cualquier otro centro educativo, ya que la demanda de amparo fue presentada en el mes de enero de 2006, esto es, cuando se encuentran abiertas las matrículas en los diferentes centros educativos.

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

HA RESUELTO

 

Declarar INFUNDADA la demanda.

 

Publíquese y notifíquese.

 

 

SS.

 

LANDA ARROYO

BEAUMONT CALLIRGOS

ETO CRUZ