EXP. N.° 1542-2002-AC/TC

LIMA

MARCIANO AGUILAR RODRÍGUEZ

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima,  a 8 días del mes de enero de 2003, la Primera Sala del Tribunal Constitucional, integrada por los señores Magistrados Bardelli Lartirigoyen; Aguirre Roca y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia

 

ASUNTO

 

            Recurso extraordinario interpuesto por don Marciano Aguilar Rodríguez contra la sentencia expedida por la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 103, su fecha 20 de julio de 2001, que declaró improcedente la acción de cumplimiento de autos.

 

ANTECEDENTES

 

El recurrente, con fecha 31 de agosto de 2000, interpone acción de cumplimiento contra la Municipalidad Distrital del Rímac, con el objeto de que cumpla con la cláusula quinta del acta de trato directo o convenio colectivo suscrito por la emplazada y los representantes de los trabajadores, con fecha 12 de junio de 1991, aprobada por Decreto de Alcaldía N.° 51-91-MDR, del 20 de junio de 1991, y ratificada por el convenio colectivo suscrito el 4 de junio de 1992, aprobado por Decreto de Alcaldía N.° 173-91-MDR, de fecha 30 de diciembre de 1992, los mismos que reconocen el otorgamiento de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a obreros y empleados con el importe de la remuneración por cada año de servicios.

 

Manifiesta que al haber sido cesado mediante la Resolución de Alcaldía N.° 2364-96-MDR, de fecha 18 de diciembre de 1996, solicitó el pago de su CTS con el importe de su remuneración total por cada año de servicios. Señala que, mediante la Resolución de Alcaldía N.° 1474-99/MDR-AL, de fecha 25 de octubre de 1999, la emplazada le reconoció el pago de CTS por la suma de setecientos un nuevos soles con setenta céntimos (S./ 701.70) correspondiente a 39 años, 10 meses y 5 días de servicios prestados a la emplazada; y contra ésta interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por Acuerdo de Concejo N.° 031-2000-MDR, de fecha 26 de abril de 2000, que no obstante declarar fundado su petitorio, dispuso el otorgamiento de su CTS por la suma de doce mil ochocientos veinticinco nuevos soles con doce céntimos (S./ 12,825.12). Refiere que este monto es insuficiente, toda vez que se le ha aplicado una liquidación mixta sin tomar en cuenta los Convenios Colectivos de los años 1991 y 1992. Agrega finalmente que, ante la renuencia de la emplazada en dar cumplimiento a dichos convenios, formuló requerimiento notarial mediante comunicación que fue recibida con fecha 6 de junio de 2000.

 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente; señala que el demandante omite indicar que el 29 de agosto de 2000, un día después que presentó la acción de amparo, solicitó la nulidad del Acuerdo de Concejo N.° 031-2000-MDR, continuando con el trámite en la vía administrativa; por lo que siendo ello así, el recurrente, después de haber agotado la vía administrativa, debió recurrir a la acción contencioso-administrativa a efectos de que el tribunal competente, dentro del supuesto negado de ser válida su reclamación, proceda a declarar la nulidad del acuerdo de concejo y disponga la emisión de una nueva resolución con nuevo cálculo de la CTS. Agrega que los convenios colectivos invocados por el demandante son nulos de pleno derecho, por cuanto transgreden el artículo 44.° del Decreto Legislativo N.° 276, el cual prescribe que las entidades públicos están prohibidas de negociar directamente o a través de sus organizaciones sindicales beneficios que impliquen incrementos remunerativos o que modifiquen el Sistema Único de Remuneraciones.

 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público, a fojas 73, con fecha 25 de setiembre de 2000, declaró infundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa e improcedente la demanda, por considerar que la acción de cumplimiento no es la vía idónea para solicitar el cumplimiento del convenio colectivo de fecha 12 de junio de 1991, más aún si existe controversia respecto a si dicho convenio debe ser aplicado al demandante.

 

La recurrida confirmó la apelada por considerar que lo que en realidad pretende el demandante es la formulación de una nueva liquidación de CTS, pretensión que no resulta viable a través de la acción de cumplimiento por cuanto no se configura la renuencia en el cumplimiento del acto solicitado.

 

FUNDAMENTOS

 

1.      De autos se advierte que el demandante cursó la correspondiente carta notarial, conforme lo establece el inciso c) del artículo 5.° de la Ley N.° 26301.

 

2.      Del escrito de la demanda, obrante a fojas 33, se desprende que la pretensión del recurrente se orienta a que la municipalidad demandada cumpla con la cláusula quinta del acta de trato directo, de fecha 12 de junio de 1991, ratificada por el convenio colectivo de fecha 4 de junio de 1992, mediante la cual se reconoce a los empleados y obreros el otorgamiento de la CTS con el importe de la remuneración íntegra por cada año de servicios.

 

3.      Sin embargo, conforme consta en autos, la municipalidad emplazada, mediante Acuerdo de Concejo N.° 031-2000-MDR, de fecha 26 de abril de 2000, procedió a efectuar la liquidación a favor del recurrente, la misma que fue materia de nulidad mediante escrito de fecha 29 de agosto de 2000, obrante a fojas 52, de lo cual se desprende que la real pretensión del demandante es la formulación de un nuevo cálculo de su compensación por tiempo de servicios.

 

4.      A mayor abundamiento, el artículo 52.° de la Ley N.° 23853, Orgánica de Municipalidades, antes de la modificatoria por el artículo único de la Ley N.° 27469, establece que los obreros de las municipalidades son servidores públicos, sujetos exclusivamente al régimen laboral de la actividad pública y tienen los mismos deberes y derechos que los trabajadores del Gobierno Central de la categoría correspondiente.

 

5.      En tal razón no existe renuencia por parte de la autoridad municipal en el cumplimiento del acto solicitado, presupuesto indispensable para la procedencia de una acción de cumplimiento, de conformidad con el artículo 200.°, inciso 6), de la Constitución Política vigente.

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

 

FALLA

 

CONFIRMANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE  la demanda. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

 

SS.

 

BARDELLI LARTIRIGOYEN

AGUIRRE ROCA

GONZALES OJEDA