En Lima, a los catorce días del mes de abril de dos mil, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia:
Recurso Extraordinario interpuesto por doña Rosa Erlinda Cachi Ortiz contra la Resolución expedida por la Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, de fojas noventa y cuatro, su fecha cuatro de mayo de mil novecientos noventa y nueve, que declaró improcedente la demanda.
Doña Rosa Erlinda Cachi
Ortiz interpone Acción de Amparo contra la Municipalidad Provincial de
Cajamarca, representada por el entonces Alcalde, don Luis Guerrero Figueroa,
con el objeto de que se proteja su derecho fundamental a la propiedad, a la paz
y a la tranquilidad pública. Afirma la demandante que junto con su esposo es
propietaria de un inmueble urbano ubicado en el jirón Ayacucho N.° 100, de
aproximadamente 2000 m2 y que por Resolución de Alcaldía N.°
482-98-A-MPC se había aprobado supuestamente un acta de compromiso entre la
demandada y su esposo, para que éste done un área de 436 m2 de
terreno para la apertura del jirón Prolongación Romero hacia la avenida Perú.
Sin embargo, señala que su esposo no es el único propietario del referido
inmueble, sino que éste conforma la propiedad de la sociedad de gananciales, por
lo que el acta de compromiso y la resolución aprobatoria atenta contra el
derecho de propiedad, por cuanto debía tenerse la aprobación de ambos cónyuges
y no sólo de su esposo, quien, además, por su avanzada edad (setenta y ocho
años), no tiene la capacidad de discernimiento total para disponer de los
bienes inmuebles, máxime si son de propiedad conyugal. Manifiesta que el ente
demandando ha procedido a ejecutar la citada resolución y las que ulteriormente
expidió con motivo de su impugnación en sede administrativa (Resolución de
Alcaldía N.° 517-98-A-MPC y Resolución Municipal N.º 115-98-CPMC), efectuando
trabajos en el terreno de su propiedad.
La Municipalidad emplazada
contesta la demanda solicitando que sea declarada infundada. Afirma que, de
conformidad con el artículo 2115º del Código Civil, las partidas de los
Registros Parroquiales referentes a los hechos realizados antes del catorce de
noviembre de mil novecientos treinta y seis conservan la eficacia que les
atribuyen las leyes anteriores y que, por el contrario, la partida de
matrimonio que adjunta la demandada data del ocho de mayo de mil novecientos
cuarenta, por lo que no se halla dentro de los alcances de la norma, careciendo
de eficacia jurídica para entablar cualquier acción referente a derechos reales
y otras relacionadas con bienes de propiedad de don Arturo Ángeles Portal
Cueva. Afirma que de acuerdo con el artículo 326º del Código Civil, la unión de
hecho origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de la sociedad de
gananciales, siempre que la unión haya durado por los menos dos años continuos,
lo cual puede probarse por cualesquiera de los medios admitidos por la ley
procesal, siempre que exista un principio de prueba escrita, lo que, señala la
demandada, requiere de una declaración judicial a través de un proceso, lo cual
no se halla probado. Añade que de los partes para registro y del Testimonio se
deduce que la propiedad pertenece exclusivamente a don Arturo Ángeles Portal
Cueva, el cual al amparo del artículo 923º del Código Civil ha dispuesto de su
propiedad mediante un acto administrativo a favor de la municipalidad. Afirma
que conforme a la jurisprudencia emitida por la Corte Superior de Justicia de
Cajamarca, para la determinación de la existencia de una sociedad de hecho
tiene que haber una resolución judicial para que se determine la existencia de
dicha sociedad de gananciales.
El Segundo Juzgado Especializado, por Resolución de fojas cincuenta y cuatro, su fecha veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y nueve, declara improcedente la demanda, por considerar fundamentalmente que la cesión del terreno se basa en el Acta de Compromiso, siendo éste un acto voluntario y con fines de interés público; que los medios probatorios obrantes acreditan que don José Arturo Ángeles Portal adquirió el inmueble directamente de sus anteriores propietarios sin la participación de la demandante y, finalmente, para que la unión de hecho origine una sociedad de bienes sujeta a la sociedad de gananciales es necesaria la declaración judicial correspondiente.
La Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, por Resolución de fojas noventa y cuatro, su fecha cuatro de mayo de mil novecientos noventa y nueve, confirmo la apelada, por considerar fundamentalmente que la Resolución que aprueba el Acta de Compromiso es consecuencia del acuerdo entre la emplazada y don José Arturo Ángeles Portal, que la exigencia de prueba escrita precisa la correspondiente declaración judicial para que la unión de hecho origine una sociedad de bienes sujeta a la sociedad de gananciales. Contra esta resolución, la demandante interpone Recurso Extraordinario.
FUNDAMENTOS:
1.
Que
el objeto del presente proceso constitucional de amparo es que se disponga el
cese de la agresión de los derechos constitucionales originados por la
Resolución de Alcaldía N.° 482-98-A-MPC, de fecha treinta de setiembre de mil
novecientos noventa y ocho, mediante la
que se aprueba el Acta de Compromiso suscrita por la Municipalidad Provincial
de Cajamarca y don José Arturo de los Ángeles Portal Cueva, a través de la cual
este último cede para uso como vía pública 436.00 m2 de terreno a la
Municipalidad demandada.
2.
Que,
el artículo 5º de la Constitución establece que: “La unión estable de un varón
y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho,
da lugar a una comunidad bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales
en cuanto sea aplicable.” Por su parte, el artículo 326º del Código Civil: “La
unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer,
libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del
matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad
de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya
durado por lo menos dos años continuos [...]”. Por tanto, debe quedar
claramente establecido que no es indispensable que exista un matrimonio civil
para que la unión de hecho pueda hallarse bajo el régimen de sociedad de
gananciales, sino que las uniones de hecho, como tales, se hallan bajo dicho
régimen, y no simplemente por voluntad de la ley, sino por virtud del propio
mandato constitucional; “en consecuencia”, de acuerdo con los dispositivos
citados, en especial, según la Constitución, la unión de hecho de un varón y
una mujer origina una comunidad de bienes sujeta al régimen de sociedad de
gananciales.
3.
Que, de conformidad con las disposiciones del
Código Civil, el surgimiento de la unión de hecho para tales efectos se da
“siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos años continuos.”(artículo
326º, primer párrafo, in fine). Ahora
bien, seguidamente precisa el citado dispositivo: “La posesión constante de
estado a partir de fecha aproximada puede probarse con cualquiera de los medios
admitidos por la ley procesal, siempre que exista un principio de prueba
escrita”. Por consiguiente, de los dispositivos citados se concluye que para
que se repute la existencia de una unión de hecho sujeta al régimen de sociedad
de gananciales, se halla supeditado, primero, a un requisito de temporalidad
mínima de permanencia de la unión (dos años) y, segundo, que ese estado
(posesión constante de estado) requiere su probanza “con cualquiera de los
medios admitidos por la ley procesal, siempre que exista un principio de prueba
escrita”.
4.
Que,
a efectos de acreditar la posesión constante de estado, cabe señalar que para
ello se admite cualesquiera de los medios probatorios, a condición de que
exista prueba escrita. Conforme al Código Procesal Civil (artículo 192º, inciso
3), los documentos son medios de prueba típicos; en consecuencia, los que obran
en autos son medios idóneos a efectos de acreditar la posesión de estado, los
mismos que generan convicción indubitable sobre la existencia efectiva de la
unión de hecho entre don José Arturo Ángeles Portal Cueva y doña Rosa Erlinda
Cachi Ortiz que supera ampliamente el período mínimo de dos años. En efecto, se
llega a esta conclusión teniendo en cuenta los siguientes documentos: a) Copia
certificada de la Partida Parroquial de Matrimonio de fecha ocho de mayo de mil
novecientos cuarenta, expedida por el Obispado de Cajamarca (fojas nueve),
celebrado entre don José Arturo Ángeles Portal Cueva y doña Rosa Erlinda Cachi
Ortiz; b) Copias certificadas de las Partidas de Nacimiento de las menores
N.E.P.C. de fecha veintiuno de agosto de mil novecientos cincuenta y A.C.P.C.,
de fecha veintiuno de mayo de mil novecientos cincuenta y dos, ambas expedidas
por la Municipalidad de Cajamarca (fojas sesenta y dos y sesenta y tres), en
ambas partidas los menores figuran como hijas legítimas de don Arturo Ángeles
Portal Cueva y doña Rosa Erlinda Cachi Ortiz, figurando estos últimos, en la
condición de casados; c) Copia legalizada del Testimonio de Escritura de
compraventa de fecha veintinueve de marzo de mil novecientos sesenta y dos
(fojas dos vuelta) celebrado entre doña Clariza Abanto Pérez de Abanto y don
Arturo Ángeles Portal Cueva; así mismo, del Testimonio de compraventa celebrado
entre María Luisa Portal Sánchez y doña Elena Portal Sánchez, de una parte y de
otra, don José Arturo Ángeles Portal Cueva de fecha cuatro de febrero de mil
novecientos cincuenta y nueve (fojas ocho); en ambas escrituras, don José
Arturo Ángeles Portal Cueva aparece ostentado el estado de “casado”, más aún en
el último de los testimonios citados se puede leer “casado con Rosa Erlinda
Cachi Ortiz” (fojas seis); y d) Copia de la Declaración Jurada efectuada por
don José Arturo Ángeles Portal Cueva suscrita notarialmente y dirigida al Señor
Fiscal Provincial en lo Penal de la Primera Instancia, de fecha treinta y uno
de octubre de mil novecientos noventa y ocho, en el que se refiere a la
demandante como su “señora Esposa” (fojas nueve del Cuadero del Tribunal
Constitucional).
5.
Que,
por otro lado, la posesión de estado no ha sido cuestionado en momento alguno
por la demandada, no siendo este extremo hecho controvertible. Cabe precisar
que lo que en ningún momento niega la parte demandada es la existencia de la
unión de hecho; aquí no hay discrepancia respecto a una cuestión de hecho (la
unión o posesión de estado), sino una cuestión de derecho consistente en
determinar si la partida de matrimonio religioso es o no documento idóneo para
acreditar la existencia de la posesión constante de estado, respecto a lo cual
este Tribunal entiende que dicho documento, aun cuando no genera efectos
civiles en virtud del artículo 2115º del Código Civil, sí puede acreditar
perfectamente, como lo hace en el caso sub júdice, la existencia de una unión
de hecho, conservando pues mérito probatorio aun cuando carezca de efectos
civiles. Ciertamente, debe precisarse que la presente consideración se efectúa
sin perjuicio de la convicción suficiente que respecto a la existencia de la
citada unión de hecho genera el resto de documentos citados en el fundamento
precedente.
6.
Que,
en consecuencia, estando a los fundamentos precedentes, la comunidad de bienes
constituida por la unión entre don José Arturo Ángeles Portal Cueva y doña Rosa
Erlinda Cachi Ortiz corresponde al régimen de sociedad de gananciales. Por lo
tanto, la disposición de los bienes que la conforman debe efectuarse de
conformidad con lo estipulado en el primer párrafo del artículo 315º del Código
Civil, según el cual: “Para disponer de los bienes sociales o gravarlos, se
requiere la intervención del marido y la mujer [...]”. Dicho dispositivo debe
ser interpretado de manera concordante con lo estipulado en el artículo 971º
del citado cuerpo normativo, cuyo texto establece que, existiendo copropiedad,
“Las decisiones sobre el bien común se adoptarán: 1.- Por unanimidad, para
disponer, gravar o arrendar el bien [...],”.
7.
Que,
en consecuencia, el Acta de Compromiso celebrado entre don José Arturo de los
Ángeles Portal Cueva y la Municipalidad Provincial de Cajamarca, representada
por don Manuel Tavera Burgos, Jefe de la Unidad de Planeamiento Urbano y don
Ángel Cabanillas Padilla, Director General de Desarrollo Urbano, de fecha
veintidós de julio de mil novecientos noventa y ocho, por el que el primero de
los nombrados cede a la Municipalidad la extensión de 436.00 m2 para
vía pública; por tanto, habiendo sido efectuado este acto jurídico con
exclusión de doña Rosa Erlinda Cachi Ortiz, el mismo constituye una grave
afectación al derecho de propiedad de la demandante y de la propia comunidad de
bienes de la unión de hecho antes mencionada, derecho amparado por el artículo
2º, inciso 16) y el artículo 70º de la Constitución Política del Estado; por
consiguiente, la Resolución de Alcaldía N.° 482-98-A-MPC, de fecha treinta de
setiembre de mil novecientos noventa y ocho, que aprueba la mencionada Acta de
Compromiso, también resulta lesiva del citado derecho fundamental y, por tanto,
es inconstitucional.
Por estos fundamentos, el
Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la
Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica;
REVOCANDO la Resolución de la Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, de fojas noventicuatro, su fecha cuatro de mayo de mil novecientos noventa y nueve, que confirmando la apelada declaró improcedente la demanda; reformándola declara FUNDADA la Acción de Amparo; en consecuencia, declara inaplicables las resoluciones de alcaldía N.° 482-98-A-MPC y N.° 517-98-A-MPC, así como la Resolución Municipal 115-98-CPMC; ordena que la municipalidad demandada se abstenga de todo acto orientado a aplicar o ejecutar las resoluciones antes mencionadas. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.